A comienzos de marzo el Consejo de Ministros daba el “ok” al nuevo proyecto de Ley de Educación, la LOMLOE o Ley Celaá, era el pistoletazo de salida a una ley que ha removido los cimentos de la Comunidad Educativa. Y que ha puesto en pie de guerra a la Escuela Concertada. Escuela, que escolariza a una cuarta parte de los alumnos del Sistema Educativo Español.

Cómo consecuencia de lo anterior ha nacido una plataforma denominada “Más Plurales” y que a su vez ha lanzado la campaña “Más plurales, más libes, más iguales”. Campaña que lucha por la libertad de enseñanza y que aglutina no únicamente al sector de la concertada, sino a otros organismos, asociaciones y entidades que también luchan por la libertad de educación.

Estamos en cierto modo, ante un ataque despiadado contra la libertad de enseñanza, ya que se pretende impedir que los padres puedan elegir libremente, a que centro educativo envía a sus hijos. Ya sean estos de la red pública o de la concertada. Al igual que ocurre con la elección del modelo pedagógico que se desee por parte de los padres. Es decir, coeducación o educación diferenciada.

En definitiva, con la nueva ley sé pretender por parte del estado aumentar el control sobre el sistema educativo de una forma feroz.

Por otro lado, la llamada “demanda social”, que se elimina en la nueva ley, es considerada por la concertada, como la opción libre y democrática que hacen los padres, aunque está, no es el único criterio que debe de tener la administración para programar donde se van a producir las vacantes, es una opción más entre un amplio listado. Cuando el gobierno la elimina, aboca al sistema a una planificación unilateral por parte de las autoridades educativas.

A todo lo anterior, se ha de sumar la devaluación de la asignatura de religión que vuelve a ser herida de muerte. Asignatura que no será evaluable y se le despoja de sus características como tal. Máxime, cuando son más tres millones de alumnos los que eligen libremente dicha asignatura. Y en contra partida, se propone una asignatura sobre valores cívicos y éticos, que corre el riego de terminar como “Educación para la Ciudadanía”, de infaustos recuerdos.

Lo que es innegable, es que, en la tramitación de la actual Ley Wert, en la Comisión de Educación participaron más de 80 entidades, como personas de prestigio del ámbito educativo. Cosa que, con la actual tramitación, tanto PSOE como Unidas-Podemos los han evitado. Por lo tanto, queda bien a las claras que aquí no hay nada de consenso.

Llegados a este punto, difícilmente puede quedar alguien que no se plantee… ¿Y la patria potestad de los padres?, ¿Dónde queda? ¡Desaparecen! Es la administración quien se hace “garante de la infancia y no los padres”. De ahí, la famosa frase de la ministra Celaá… “Los hijos en ningún caso pertenecen los padres”.

Estamos, en definitiva, ante un estado intervencionista en todos los ámbitos de la sociedad española.